LA PAZ, 9 jun (Xinhua) — El expresidente boliviano, Evo Morales (2006-2019), enfrenta una nueva demanda judicial tras la admisión por parte del Ministerio Público de una denuncia por varios delitos penales, entre ellos «terrorismo» y sabotaje electoral, en torno a los bloqueos de carreteras que este lunes inicia su segunda semana de protesta en demanda de la habilitación de la candidatura del líder indígena.
«El Ministerio Público, en el marco de la objetividad y de la independencia de los fiscales analistas, ha determinado admitir esta denuncia por ciertos tipos penales que ha denunciado el Ministerio de Justicia», confirmó este lunes en rueda de prensa el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien detalló que la denuncia fue presentada el pasado 5 de junio.
A decir del fiscal, los tipos penales están siendo analizados por una comisión de fiscales y en las próximas horas se notificará a los denunciados.
La querella, impulsada por el Ministerio de Justicia, lo acusa de «terrorismo», obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo, afectación a servicios públicos y destrucción de bienes del Estado, entre otros delitos vinculados a los bloqueos de caminos que han paralizado regiones clave del país en la última semana.
El fiscal señaló que el corte de rutas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que pone en riesgo la vida de los bolivianos que a diario deben salir a buscar sustento.
Los bloqueos, que han superado la veintena de puntos críticos a lo largo del país, se concentran principalmente en el trópico de Cochabamba, bastión político del exmandatario y zona donde se han registrado enfrentamientos y reportes de desabastecimiento.
El Ministerio Público ha instruido el repliegue táctico de sus fiscales a zonas más seguras dentro de esa región, aunque continúan operando en coordinación con la Policía Boliviana.
Hasta ahora, agregó, se han puesto ante el juez a más de 20 personas, entre detención preventiva y medidas sustitutivas.
El Gobierno afirma contar con pruebas de que el exmandatario instruyó «cercar ciudades» y promover acciones para impedir la realización de las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto.
Desde el oficialismo, se acusa a Morales de liderar una estrategia para deslegitimar los comicios y forzar su retorno a la arena electoral, pese a no contar con una sigla política habilitada ante el Tribunal Supremo Electoral y fallos del Tribunal Constitucional.
La figura de «obstaculización del proceso electoral», tipificada en la Ley 026 del Régimen Electoral, contempla penas de hasta cinco años de prisión.
