BEIJING, 8 ago (Xinhua) — El máximo tribunal de China emitió hoy viernes un conjunto de directrices sobre trabajo judicial y de adjudicación para la implementación de la Ley de Promoción del Sector Privado, que incluyen un enfoque estricto de «entrada salvo prohibición» y medidas orientadas a regular el monopolio y la competencia desleal, con el objetivo de garantizar mejor el desarrollo saludable de este sector en el país. Las directrices incluyen normas detalladas para el trabajo judicial y de resolución de litigios de los tribunales en áreas relevantes, diseñadas con el propósito de abordar cuestiones prácticas y garantizar que la ley se aplique de manera adecuada y uniforme, señaló el Tribunal Popular Supremo (TPS) en un comunicado. Las normas comprenden 25 artículos que abarcan requisitos generales y labores judiciales asociadas con el trato igualitario a las entidades pertinentes, la orientación de las operaciones legales del mencionado sector, la garantía de una justicia estricta e imparcial, y el impulso a las mejoras para construir un sistema judicial equitativo, de acuerdo con la misma fuente. El TPS afirmó que se harán esfuerzos destinados a garantizar la igualdad de protección para las empresas privadas, con el fin de aumentar su confianza. Esto incluye medidas encaminadas a garantizar una competencia justa en el mercado, ayudar a los negocios privados a ampliar los canales de financiación, hacer frente a sus problemas -como los retrasos en los pagos-, salvaguardar las innovaciones tecnológicas y promover el desarrollo sólido y ordenado de las industrias emergentes. Las directrices también hacen hincapié en la lucha contra la corrupción y otras actividades delictivas dentro de las empresas privadas, al tiempo que las alientan a mantener una sólida gobernanza interna. Para estabilizar las expectativas en el sector, el TPS prometió una justicia estricta e imparcial. Las directrices hacen un llamado hacia una mayor protección jurídica de los derechos de propiedad, el manejo adecuado de los activos en casos relacionados, la rectificación de los errores de la justicia vinculados con las empresas, y la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos de los negocios privados y sus propietarios. Igualmente, las nuevas normas instan a los tribunales a mejorar los servicios de litigio, en aras de reducir los costos para las empresas privadas al resolver disputas y buscar soluciones. A su vez, estipulan un mejor apoyo para ayudar a estas empresas a expandirse de forma segura en el exterior e impulsar la eficiencia en los arbitrajes relacionados con el extranjero. El máximo órgano legislativo de China adoptó en abril la primera ley fundamental del país dedicada a promover el sector privado, la cual entró en vigor el 20 de mayo. La ley fue aplicada por primera vez por la división administrativa del TPS en el juicio de un caso en el que estaban implicados un desarrollador inmobiliario con sede en Nanyang, en la provincia central china de Henan, y las autoridades locales. En 2006, la empresa firmó un contrato con el Gobierno local para la transferencia de los derechos de uso de terrenos estatales. Cuando los residentes bloquearon el proyecto debido a la baja compensación por la adquisición de terrenos, el Gobierno propuso que la empresa pague una compensación adicional a cambio de concesiones de políticas y terrenos adicionales. La empresa cumplió en 2011, resolviendo el litigio y completando el proyecto, pero la indemnización prometida por el Gobierno nunca se entregó en su totalidad. Más tarde, la empresa reclamó 16,58 millones de yuanes (unos 2,32 millones de dólares) en concepto de indemnizaciones anticipadas y otros costes relacionados. En 2020, los tribunales populares municipales y provinciales rechazaron la demanda en dos ocasiones, lo que llevó a la empresa a solicitar un nuevo juicio ante el TPS. Para entonces, las cosas habían cambiado, ya que había entrado en vigor la Ley de Promoción del Sector Privado, que obliga a los gobiernos locales a cumplir los compromisos de políticas y los contratos con las empresas privadas, y les prohíbe romper esos compromisos por motivos como la reestructuración administrativa, los cambios de liderazgo, los ajustes institucionales o la rotación de personal. La ley también establece que si hay que cambiar los compromisos de política o las condiciones contractuales en función de los intereses nacionales o públicos, los cambios deben seguir procedimientos legales, y las empresas privadas deben ser compensadas por las pérdidas resultantes. En virtud de la ley, el TPS anuló los fallos de primera y segunda instancia a finales de mayo, ordenando al Gobierno local pagar a la empresa la mitad de los 16,82 millones de yuanes de pérdidas del caso en un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor de la sentencia. De acuerdo con el juez del TPS que presidió el caso, aunque el Gobierno se esforzó por cumplir sus promesas administrativas, no consultó ni se comunicó activamente con la empresa cuando esos compromisos resultaron imposibles de cumplir en la práctica, y debe asumir la responsabilidad correspondiente de acuerdo con las leyes pertinentes. El incumplimiento por parte del Gobierno de sus compromisos administrativos también estuvo relacionado con los cambios que la empresa introdujo en su plan de desarrollo, así como con la mala comunicación entre ambas partes, por lo que ambas partes fueron declaradas culpables, expresó el juez. «El funcionamiento y crecimiento de las empresas privadas no pueden ser separados del apoyo de los gobiernos locales. Sólo cuando los departamentos gubernamentales desempeñan sus funciones de acuerdo con la ley y cumplen sus promesas pueden darnos confianza y seguridad», aseveró un representante de la empresa. Fin
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